Condenados gerente y comercial de asesoría por falsificar contrato y estafa procesal en Valladolid
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Condena por falsificación y tentativa de estafa en asesoría de Valladolid
Los hechos: falsificación documental y demanda fraudulenta
La Audiencia Provincial de Valladolid ha impuesto una condena de siete meses de prisión, más una multa económica, al gerente y a un comercial de una asesoría contable y laboral. Ambos fueron declarados culpables de falsificar un contrato de servicios y de presentar una demanda basada en dicho documento alterado para reclamar una suma económica indebida a una cliente. Los jueces determinaron que los acusados cometieron delitos de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito intentado de estafa procesal.
La condena establece que uno de los acusados, al confeccionar el contrato con firmas falsas, actuó “con conciencia y voluntad de alterar la realidad”. Asimismo, el gerente, al presentar la demanda con este documento, también es considerado responsable, ya que su actuación revela un intento de aprovecharse de la situación para obtener un beneficio económico ilícito.
La relación profesional y la confección del contrato falso
Los hechos probados indican que la relación entre el comercial y la cliente comenzó en abril de 2021. La cliente había solicitado sus servicios para realizar sus declaraciones de impuestos como autónoma, en un acuerdo inicialmente verbal y de naturaleza limitada. No obstante, el acusado confeccionó posteriormente un contrato escrito, fechado el 11 de abril de 2021, en el cual se establecía el pago mensual de 38,72 euros y una cláusula de penalización que no había sido pactada. Además, el comercial incluyó tres firmas simuladas de la cliente, lo que constituye una alteración de la autenticidad documental con fines fraudulentos.
Este contrato fue utilizado posteriormente en una demanda presentada por la asesoría en la que se exigía el pago de 944,4 euros por un supuesto incumplimiento de contrato. Ante esta situación, la cliente ordenó a su banco rechazar los cobros indebidos, lo que desencadenó la reclamación judicial. El tribunal considera que estos actos configuran un claro intento de estafa procesal, dado que la intención de los acusados era inducir a error al juzgador sobre la veracidad de la relación contractual.
Uso del documento falso en sede judicial
Al presentar el contrato falsificado como prueba en el litigio de reclamación de cantidad, el gerente y el comercial incurrieron en una tentativa de estafa procesal, tal como recoge el Código Penal en su artículo 248. Esta figura delictiva se configura al emplear un documento con información falsificada en un proceso judicial, lo cual tiene potencial de influir en el fallo del juez.
Aunque el fallo judicial no fue favorable a los acusados, el tribunal destaca que el simple hecho de presentar un documento alterado en una demanda es suficiente para constituir el intento de estafa, independientemente del resultado del litigio. Esta conducta es especialmente grave cuando se emplea en un contexto judicial, ya que afecta directamente la integridad y la confianza en el sistema de justicia.
La sentencia resalta que los acusados actuaron con dolo, es decir, con plena conciencia de que estaban alterando la realidad de un documento para obtener un beneficio económico injustificado. La intención de obtener una ventaja patrimonial en perjuicio de la cliente refleja el ánimo de lucro que constituye un elemento central en la tentativa de estafa procesal.