Sentencia contra propietarios de local de alterne por incumplimiento de derechos laborales
La Audiencia Provincial de Pontevedra ha emitido una sentencia condenatoria contra María y Gervasio, propietarios de un local de alterne ubicado en Lalín. Ambos han sido condenados a una pena de seis meses de prisión y a una multa de 900 euros cada uno, tras ser hallados culpables de infringir los derechos laborales de sus empleadas.
Permiso necesario para trabajar en España
El 27 de octubre de 2022, Grushenka S.L., la empresa dirigida por María y Gervasio, operaba un establecimiento de alterne en Lalín que empleaba a once trabajadoras. De estas, solo una estaba oficialmente registrada en la Seguridad Social. El tribunal determinó que cuatro de las empleadas no estaban dadas de alta en el sistema de la Seguridad Social, y las seis restantes carecían del permiso de trabajo necesario para ejercer legalmente en España. Esta situación evidencia una clara violación de las normativas laborales vigentes, facilitada por el control directo de los propietarios sobre las condiciones laborales de las trabajadoras.
Incumplimiento de derechos laborales
La condena se basó en el artículo 311.2º b) del Código Penal, que tipifica como delito la ocupación simultánea de trabajadores sin la correspondiente inscripción en la Seguridad Social o sin la autorización laboral pertinente. Este artículo se aplica específicamente cuando más del 50% de los empleados en empresas con entre 10 y 100 trabajadores se encuentran en situación irregular. En el presente caso, diez de las once trabajadoras estaban en condiciones irregulares, cumpliendo así con el umbral para la aplicación de esta normativa.
Además, el Tribunal Supremo ha establecido que las actividades de alterne, siempre que no involucren prostitución, constituyen relaciones laborales que obligan a las empresas a inscribir a las trabajadoras en la Seguridad Social. La falta de cumplimiento de esta obligación en las proporciones estipuladas se considera un delito penal, tal como se evidenció en este caso.
Admisión de responsabilidad y decisión judicial
Los propietarios admitieron su responsabilidad en los hechos, lo que eliminó la presunción de inocencia y facilitó el proceso judicial. El tribunal evaluó que no existían circunstancias atenuantes que pudieran modificar su responsabilidad penal, lo que resultó en la confirmación de la condena impuesta.
Penalidades y Responsabilidad Civil
Además de la pena de prisión, los acusados fueron sancionados con una multa de 900 euros cada uno y enfrentan una inhabilitación especial. En el ámbito de la responsabilidad civil, se les ha ordenado indemnizar a la Tesorería General de la Seguridad Social con un total de 578,3 euros, correspondientes a las cuotas no abonadas por las trabajadoras en situación irregular. Esta indemnización busca resarcir el incumplimiento de las obligaciones fiscales y laborales por parte de los propietarios.
Conclusión
El fallo de la Audiencia Provincial de Pontevedra subraya la importancia de que las empresas cumplan con sus obligaciones legales respecto al registro y protección de sus trabajadores.