Constitucionalidad del Decreto-ley 8/2022 sobre Transportes Urbanos y Metropolitanos en Andalucía
El Tribunal Constitucional respalda la norma andaluza sobre VTC
El Tribunal Constitucional ha dictado sentencia en contra del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por varios grupos parlamentarios contra el Decreto-ley 8/2022 de la Junta de Andalucía, que modifica la Ley 2/2003 sobre transportes urbanos y metropolitanos. En una decisión unánime, el Tribunal ha concluido que la normativa autonómica es acorde a la Constitución, lo que garantiza la validez del marco legal andaluz que regula los vehículos de arrendamiento con conductor (VTC).
El recurso alegaba que el Decreto-ley infringía la potestad legislativa de urgencia, afectaba la autonomía local, invadía competencias estatales y vulneraba el principio de igualdad. Sin embargo, el fallo refuerza la competencia de las comunidades autónomas en la regulación de servicios de transporte dentro de su territorio.
Regulación autonómica de los VTC
El Decreto-ley 8/2022 fue aprobado para adaptar la normativa andaluza al Real Decreto-ley 13/2018, que establece un marco común a nivel estatal para las autorizaciones de VTC. Este marco legal tiene como objetivo asegurar que, al finalizar la moratoria del 30 de septiembre de 2022, las comunidades autónomas puedan regular la actividad de estos vehículos en su ámbito urbano.
La normativa andaluza establece que solo aquellos vehículos con autorización previa pueden operar en servicios de arrendamiento con conductor, lo que asegura una homogeneización de las reglas en todo el territorio autonómico y evita conflictos entre normativas locales y estatales.
Los argumentos rechazados por el Tribunal
El Tribunal Constitucional ha desestimado las principales objeciones planteadas por los recurrentes:
1. Urgencia legislativa: El TC concluyó que el uso de la potestad legislativa de urgencia estaba justificado por la necesidad de regular el transporte de VTC en Andalucía antes de la expiración de la moratoria. Sin el Decreto-ley, se habría producido un vacío legal en este ámbito.
2. Autonomía local: Aunque los municipios tienen competencias en transportes urbanos, el TC afirmó que la regulación de los VTC en este caso corresponde a la Junta de Andalucía, en virtud de su competencia sobre transportes dentro del territorio autonómico. Además, la participación de los municipios no era obligatoria en este proceso legislativo.
3. Competencias estatales: El Tribunal concluyó que el Decreto-ley no vulneraba las competencias exclusivas del Estado en transporte terrestre, ya que la normativa autonómica se limita a regular dentro de los márgenes establecidos por la legislación estatal.
Un fallo que garantiza la estabilidad normativa
Con esta sentencia, el Tribunal Constitucional respalda el poder de las comunidades autónomas para legislar en materia de transportes urbanos, siempre que respeten el marco normativo estatal. En el caso de Andalucía, la regulación de los servicios VTC en el ámbito urbano queda firmemente bajo la jurisdicción de la Junta, lo que proporciona estabilidad y seguridad jurídica a las empresas del sector y a los usuarios de estos servicios.
Este fallo, alineado con decisiones previas del Tribunal en otros territorios, como la Comunidad de Madrid, refuerza la capacidad de las autonomías para gestionar aspectos claves del transporte urbano, dentro de un equilibrio con las normativas estatales.