Impresiones dactilares en documentos de identidad: Decisión del Tribunal de Justicia de la UE
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha determinado que es compatible con los derechos fundamentales al respeto de la vida privada y a la protección de datos personales la obligatoriedad de incluir dos impresiones dactilares en los documentos de identidad. Esta medida busca prevenir la falsificación de documentos y la suplantación de identidad, así como asegurar la interoperabilidad de los sistemas de verificación. No obstante, el Tribunal ha declarado que el Reglamento que impone esta obligación fue adoptado sobre una base jurídica inadecuada, por lo que lo ha considerado inválido. Sin embargo, ha decidido mantener sus efectos hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta que entre en vigor un nuevo reglamento.
Oposición de un ciudadano alemán a la negativa del Ayuntamiento de Wiesbaden de emitirle un nuevo documento de identidad sin las impresiones dactilares
El caso emergió a raíz de la oposición de un ciudadano alemán a la negativa del Ayuntamiento de Wiesbaden de emitirle un nuevo documento de identidad sin las impresiones dactilares. Al examinar la validez del Reglamento de la Unión que estipula la necesidad de incluir estas impresiones en los documentos de identidad, el Tribunal reconoció que esta exigencia limita los derechos fundamentales mencionados, pero la justificó por su contribución a la lucha contra la delincuencia y el terrorismo, y por facilitar la libre circulación dentro de la Unión Europea.
El Tribunal encontró que el Reglamento se adoptó sobre una base jurídica errónea
A pesar de que la medida fue validada en su propósito, el Tribunal encontró que el Reglamento fue promulgado basándose en una fundamentación jurídica errónea, y por ello lo declaró inválido. No obstante, optó por preservar sus efectos hasta la adopción de un nuevo reglamento con una base jurídica adecuada, con el objetivo de evitar impactos negativos para los ciudadanos de la Unión y su seguridad. Esta decisión resalta la importancia de equilibrar la protección de los derechos fundamentales con la necesidad de implementar medidas eficaces para la seguridad y la interoperabilidad en la Unión Europea.