Vulneración del derecho a la integridad moral por acoso laboral
El Tribunal Constitucional, en su sentencia STC 3672-2022, ha declarado la vulneración del derecho fundamental a la integridad moral de un policía local que sufrió acoso laboral tras denunciar a varios compañeros. La falta de actuación de la administración permitió que se consolidara un entorno laboral hostil, afectando la dignidad del agente y constituyendo una violación de sus derechos.
El derecho a la integridad moral y el acoso laboral
El Tribunal Constitucional recuerda que el artículo 15 de la Constitución Española protege el derecho a la integridad moral, no solo frente a tratos inhumanos o degradantes, sino también ante situaciones de hostigamiento sistemático en el trabajo. En este caso, el policía local fue sometido a un ambiente de represalias, aislamiento y menosprecio, tras denunciar irregularidades dentro de su cuerpo policial.
Aspectos clave de la sentencia
- Ambiente laboral degradante: Se acreditó que el agente fue sometido a un hostigamiento persistente, que buscaba afectar su desempeño profesional y su bienestar emocional.
- Falta de respuesta de la administración: A pesar de las denuncias interpuestas, la administración no adoptó medidas efectivas para frenar la situación, permitiendo su prolongación en el tiempo.
Responsabilidad de la administración en casos de acoso laboral
El Tribunal Constitucional subraya que las instituciones públicas tienen la obligación de prevenir y actuar contra el acoso laboral. En este caso, la administración, al no tomar medidas oportunas, permitió que el hostigamiento continuara, incumpliendo su deber de garantizar un entorno de trabajo seguro y digno.
Asimismo, el fallo destaca que la pasividad administrativa en estos casos puede generar un grave deterioro en la dignidad del trabajador, afectando su salud mental y estabilidad emocional. El acoso laboral en la función pública no solo impacta la esfera profesional, sino que también provoca un sufrimiento psicológico prolongado.
Conclusión: un fallo clave contra el acoso laboral en la administración pública
La sentencia STC 3672-2022 establece un precedente crucial al reconocer que la falta de actuación ante el acoso laboral constituye una vulneración del derecho a la integridad moral.
El Tribunal Constitucional concluye que la prolongación del hostigamiento, junto con la inacción de la administración, permitió la consolidación de un entorno laboral tóxico, lo que representó una violación grave de los derechos fundamentales del agente.
Este fallo refuerza la responsabilidad de las administraciones públicas en la prevención y erradicación del acoso laboral, consolidando la protección de los empleados públicos frente a este tipo de conductas.