Vulneración del derecho a la integridad moral por acoso laboral
El Tribunal Constitucional, en su sentencia STC 3672-2022, ha reconocido la vulneración del derecho fundamental a la integridad moral de un policía local que sufrió acoso laboral tras denunciar a varios compañeros. La inacción de la administración permitió que se consolidara un entorno de trabajo hostil, atentando contra la dignidad del agente y generando un impacto negativo en su bienestar.
El derecho a la integridad moral en el ámbito laboral
El Tribunal Constitucional recuerda que el derecho a la integridad moral, recogido en el artículo 15 de la Constitución Española, no solo protege contra tratos inhumanos o degradantes, sino que también ampara a los trabajadores ante situaciones de hostigamiento sistemático en el entorno laboral. En este caso, el policía local sufrió aislamiento, represalias y menosprecio después de denunciar presuntas irregularidades en su entorno profesional.
Claves de la sentencia
- Ambiente laboral degradante: Se probó que el agente fue víctima de un hostigamiento constante, con el objetivo de afectar su estabilidad profesional y emocional.
- Pasividad de la administración: A pesar de las denuncias presentadas, la administración no tomó medidas eficaces para frenar el acoso, lo que permitió su prolongación en el tiempo.
La responsabilidad de la administración ante el acoso laboral
El Tribunal Constitucional enfatiza que las administraciones públicas tienen el deber de prevenir y actuar con diligencia ante el acoso laboral. En este caso, la administración, al no intervenir de manera efectiva, permitió la persistencia del hostigamiento, incumpliendo su obligación de garantizar un entorno laboral seguro y digno.
Además, el fallo destaca que la falta de respuesta institucional en este tipo de casos puede provocar un deterioro progresivo de la dignidad de la víctima, con efectos negativos en su salud mental y bienestar personal. El acoso laboral en la función pública no solo afecta el desempeño profesional, sino que también genera graves repercusiones emocionales y psicológicas.
Conclusión: una sentencia clave contra el acoso laboral en la administración pública
La STC 3672-2022 establece un precedente fundamental en la lucha contra el acoso laboral en la función pública, al reconocer que la falta de acción ante estas situaciones supone una vulneración del derecho a la integridad moral.
El Tribunal Constitucional concluye que la persistencia del hostigamiento, sumada a la inacción de la administración, consolidó un entorno laboral tóxico, constituyendo una violación grave de los derechos fundamentales del agente.
Este fallo refuerza la responsabilidad de las administraciones públicas en la prevención y erradicación del acoso laboral, consolidando la protección de los empleados públicos frente a este tipo de conductas.