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El Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia que afecta a la Ley 12/2023, la cual establece el derecho a la vivienda. Este fallo es el resultado de un recurso de inconstitucionalidad. La decisión del Tribunal aborda aspectos tanto competenciales como sustantivos de la normativa impugnada, y se basa en parte en la doctrina establecida en la sentencia STC 79/2024, relacionada con un recurso previo de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Detalles del recurso

El recurso se centró en cuatro bloques normativos que fueron cuestionados por los demandantes:

• Artículo 15.1 (apartados b, c y d): Este artículo fue impugnado por un presunto exceso de competencias estatales, específicamente en relación con los artículos 149.1.1 y 149.1.13 de la Constitución Española (CE). Además, el apartado c fue cuestionado por una supuesta vulneración de la autonomía local.
• Artículo 31 (apartados 1 y 2): Se alegó que este artículo excede las competencias en materia de legislación civil.
• Disposición final primera, apartado tres: Se cuestionó esta disposición por su presunta afectación al derecho de propiedad, en virtud del artículo 33 de la CE.
• Disposición final quinta, apartados dos y seis: Se alegó una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, conforme al artículo 24.1 de la CE.

Decisiones del Tribunal

Competencias estatales y autonomía local

El Tribunal Constitucional desestimó las impugnaciones relacionadas con el artículo 15.1, concluyendo que las disposiciones en cuestión se encuentran dentro de las competencias estatales legítimas según los artículos 149.1.1 y 149.1.13 de la CE. Además, el Tribunal argumentó que no se vulnera la autonomía local, ya que las restricciones impuestas a las decisiones municipales son proporcionales a los intereses supralocales que se persiguen.

Regulación de información mínima en contratos

En cuanto al artículo 31.1 y 2, que establece la obligación de proporcionar información básica en transacciones de compraventa o arrendamiento, el Tribunal consideró que esta disposición es constitucional. El objetivo de este precepto es asegurar la transparencia en los contratos y proteger el derecho a la vivienda, lo que está en consonancia con el artículo 149.1.8 de la CE.

Derecho de propiedad y renta modulada

Respecto a la disposición final primera, apartado tres, que regula las rentas en áreas residenciales tensionadas, el Tribunal apreció un equilibrio razonable entre los medios y fines perseguidos. Aunque esta disposición afecta al derecho de propiedad, el Tribunal determinó que no vulnera su contenido esencial, ya que se enfoca en expectativas económicas sin imponer precios antieconómicos y tiene un carácter temporal.

Tutela judicial efectiva y grandes tenedores

Un aspecto crucial de la estimación parcial del recurso se encuentra en la disposición final quinta, que establece requisitos procesales específicos para grandes tenedores de vivienda en situaciones de recuperación de posesión o subastas de bienes. El Tribunal concluyó que estas exigencias no son razonables ni proporcionales, lo que afecta negativamente el derecho a la tutela judicial efectiva.

La sentencia delimita la aplicación de ciertas disposiciones de la Ley 12/2023, enfatizando la importancia de equilibrar la protección del derecho a la vivienda con los principios constitucionales de propiedad y tutela judicial. Algunos magistrados, como Ricardo Enríquez Sancho y Concepción Espejel Jorquera, han emitido votos particulares, mostrando su desacuerdo con la decisión mayoritaria del Tribunal.