El TSJ de la Comunidad Valenciana anula requisitos restrictivos para el Registro de Agentes Inmobiliarios, promoviendo la competencia en el sector
El reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) tiene implicaciones significativas para el sector inmobiliario, ya que anula varios requisitos restrictivos establecidos en el Decreto que regula el Registro de Agentes de Intermediación Inmobiliaria. Esta decisión es crucial para fomentar la competencia en el mercado y garantizar un entorno más accesible para los profesionales del sector.
Decisión del TSJ sobre requisitos del Registro de Agentes Inmobiliarios
El Tribunal ha dado la razón, en parte, a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), al considerar que ciertos requisitos del Decreto son desproporcionados y discriminatorios. Estas limitaciones, según el TSJ, obstaculizan la competencia y afectan negativamente a la dinámica del mercado inmobiliario en la Comunidad Valenciana.
Restricciones en la ubicación y servicios telemáticos
Una de las principales críticas del Alto Tribunal se centra en la exigencia de que los agentes inmobiliarios cuenten con una dirección física en la Comunidad Valenciana, incluso si sus servicios son prestados exclusivamente de manera telemática. El TSJ argumenta que esta obligación es innecesaria y no proporciona una mayor protección al consumidor. Además, se considera que esta restricción infringe el principio de libre establecimiento, ya que los servicios telemáticos no requieren la presencia física de los agentes para ser efectivamente gestionados.
Exigencias formativas y su impacto en la competencia
Otro punto de controversia se relaciona con los requisitos de capacitación profesional. El Tribunal ha señalado que la obligación de que los agentes acrediten su competencia mediante títulos específicos o la realización de cursos formales de 200 horas es excesiva. Esta exigencia, que supera las normativas de otras comunidades y del ámbito estatal, representa una barrera de entrada para nuevos operadores en el mercado, limitando así la competencia y generando costos adicionales que podrían repercutir en los consumidores.
Cuantías fijas y requisitos de solvencia
El TSJ también ha cuestionado la imposición de cuantías fijas para avales y seguros de responsabilidad civil, especialmente en relación con los agentes que operan de forma telemática. La fijación de montos específicos sin considerar la capacidad económica real de cada profesional puede resultar en la exclusión de aquellos con menor solvencia, lo que a su vez restringe la libre competencia en el sector de la intermediación inmobiliaria.
Implicaciones de la sentencia
En resumen, el Tribunal ha señalado que las restricciones impuestas por el Decreto violan principios fundamentales como la necesidad, la proporcionalidad y la no discriminación, que son esenciales para asegurar la unidad del mercado. Al anular los requisitos criticados, la sentencia busca equilibrar la protección del consumidor con el derecho de acceso libre a la actividad económica, promoviendo así una mayor competencia entre los agentes inmobiliarios.
Esta decisión establece un precedente importante, enfatizando que cualquier restricción en el acceso y ejercicio de actividades económicas debe estar justificada y ser la menos restrictiva posible, evitando barreras innecesarias que puedan obstaculizar la libre circulación de los operadores en el sector inmobiliario.