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¿Te has preguntado qué implica la responsabilidad patrimonial de la Administración?

Básicamente, se trata del conjunto de normas y principios que protegen el patrimonio de los ciudadanos frente a las lesiones que puedan sufrir a causa de las actuaciones (u omisiones) de los poderes públicos. Esta figura jurídica está diseñada para que, si la actividad administrativa causa un daño —ya sea por un funcionamiento anormal o incluso por una inactividad que incumple una obligación legal—, se garantice una compensación íntegra y justa a los afectados.

La base constitucional de esta responsabilidad se encuentra en el artículo 106.2 de la Constitución, y su desarrollo se plasma en la legislación ordinaria a través de la Ley de la Jurisdicción Social (LRJSP) y la Ley del Procedimiento Administrativo Común (LPACAP). Estas normativas buscan, en principio, equilibrar el poder de la Administración con la protección de los derechos y bienes de los ciudadanos, asegurando que ninguna actuación estatal genere un perjuicio que, sin ser soportable o justificado, deje al afectado sin remedio.

En esencia, la responsabilidad patrimonial de la Administración se caracteriza por

• Directa. Esto significa que, si un servidor público causa daños en el desempeño de sus funciones, es la propia Administración la que debe responder y compensar a la víctima. Los perjudicados no tienen que identificar a cada agente individual ni probar negligencia personal, lo que facilita el acceso a la justicia y reduce el riesgo de enfrentar administraciones o agentes potencialmente insolventes.
• Objetiva. A diferencia de la responsabilidad basada en la culpa (como sucede en ciertos ámbitos del derecho civil), en este caso basta que se demuestre que el daño es antijurídico, es decir, que el ciudadano no tiene la obligación de soportarlo, sin que sea necesario probar una conducta culposa de la Administración. Esto implica que la indemnización se debe otorgar por el mero hecho de existir el perjuicio, siempre que no concurran causas de justificación, como la fuerza mayor o el daño inevitable por limitaciones técnicas.

¿Qué abarca el funcionamiento de los servicios públicos?

La responsabilidad patrimonial se activa cuando el daño se produce como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. Esto incluye toda actuación administrativa, ya sea activa o por omisión, siempre que se cumplan ciertos requisitos:

1.       La Administración estaba obligada a actuar.

2.       Esta obligación está prevista en una norma.

3.       La prestación o actuación era concreta y tenía la finalidad de satisfacer una necesidad pública.

Es importante destacar que la responsabilidad se extiende no solo a actuaciones normales, sino también a aquellas ocasionadas por deficiencias en el servicio. Por ejemplo, si la Administración presta un servicio de forma deficiente y ello genera un perjuicio concreto, el afectado podrá exigir la reparación correspondiente.

El daño y sus requisitos

Para que la Administración deba indemnizar, el daño debe ser considerado como lesión o perjuicio antijurídico. Esto significa que:

·       El daño debe ser individualizado. La indemnización solo procede cuando se demuestra que un particular o un grupo concreto ha sufrido un perjuicio, no se trata de compensar perjuicios genéricos o colectivos.

·       El daño debe ser efectivo. Tiene que ser real y comprobable, aunque la jurisprudencia admite la reparación de daños futuros siempre que exista una certeza casi determinante en su ocurrencia.

Exoneraciones y Causas de Justificación

La normativa prevé ciertas causas eximentes, como la fuerza mayor. No es lo mismo un caso fortuito, en el que el daño se deriva de un evento interno previsible y evitable, que la fuerza mayor, caracterizada por su imprevisibilidad e irresistible origen externo. En estos casos, la Administración podría quedar exenta de indemnizar si se demuestra que el daño se debió a circunstancias completamente ajenas a su actuación.

Sujetos legitimados y procedimiento

Cualquier ciudadano que considere haber sufrido un daño antijurídico como consecuencia del funcionamiento (o inactividad) de la Administración tiene el derecho de reclamar la indemnización. En estos procesos, la reclamación se debe presentar siguiendo lo previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo Común, habitualmente dentro del plazo de un año desde que se notifica el daño o se tiene conocimiento del mismo.

Finalmente, el objetivo principal de este régimen de responsabilidad es lograr una reparación integral del daño. Esto implica que la compensación económica debe restablecer al afectado, en la medida de lo posible, el nivel de bienestar que tendría en ausencia del hecho lesivo, abarcando tanto los daños materiales como, en determinados supuestos, los daños morales y el lucro cesante.

En resumen, la responsabilidad patrimonial de la Administración es una herramienta esencial para garantizar que el ciudadano se encuentre protegido frente a actuaciones indebidas o negligentes del poder público, brindando un mecanismo de reparación que, a través de su carácter directo y objetivo, asegure la indemnización completa y justa de los perjuicios sufridos.