Antecedentes y procedimiento judicial

El Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia ha decidido continuar con el procedimiento contra 18 personas investigadas por formar parte de una presunta trama criminal dedicada a ofrecer falsos contratos de trabajo a inmigrantes irregulares, principalmente de origen africano y magrebí, a cambio de aproximadamente 5.000 euros.

Este esquema permitía a los inmigrantes obtener permisos de residencia mediante contratos de trabajo en empresas sin actividad real. La resolución se produce tras una investigación que ha incluido más de 60 solicitudes de permiso de residencia y un voluminoso expediente digital judicial con más de 2.000 eventos.

Indicios y personas involucradas en la regularización irregular de inmigrantes

Entre los principales investigados se encuentra el administrador de una asesoría, considerado el organizador de la trama, así como uno de sus hijos, encargado de recibir el dinero de los extranjeros y controlar los pagos de las cuotas y altas y bajas en la Seguridad Social. También se investiga a los administradores de las empresas utilizadas como empleadoras y a ciudadanos extranjeros que, al utilizar estos falsos contratos de trabajo en sus expedientes de residencia, podrían haber incurrido en delitos de falsedad documental. Los indicios de la existencia de esta trama se basan en seguimientos policiales, intervenciones telefónicas, documentos relevantes encontrados en registros y análisis de equipos informáticos, así como declaraciones de testigos protegidos.

Consecuencias y medidas cautelares

Los delitos imputados a los investigados incluyen violación de los derechos de los trabajadores, pertenencia a organización criminal, falsedad documental, estafa, blanqueo de capitales y usurpación de estado civil. El juez instructor ha decidido mantener las medidas cautelares existentes, como el bloqueo de cuentas bancarias, para asegurar que, en caso de una futura sentencia condenatoria, se pueda compensar a las víctimas con las cantidades que les fueron sustraídas. La resolución no es firme y cabe la posibilidad de presentar un recurso de reforma y/o apelación.